Grupos de la iglesia católica apoyan cualquier demanda contra del Estado por violación de derechos humanos de menores.
Esa es la posición de la Pastoral Social Arquidiocesana y otras agrupaciones religiosas, que dejaron claro ayer que reconocen que en Panamá la violencia es una realidad cotidiana que se expresa en varios sectores: en política, economía, lo social y lo cultural; pero también saben que urge que se implemente el "Régimen de responsabilidad penal de adolescentes", de la Ley 40, del 26 de agosto de 1999, porque de nada sirve crear nuevas leyes sin haber puesto en práctica ni evaluado la efectividad de la ley anterior.
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