La decisión fue tomada por la Corte Suprema de Justicia, tras examinar una resolución del Ministerio Público, en la que se le autoriza al fiscal auxiliar de la República, Luis Martínez, a intervenir los teléfonos del exfiscal Arquímedes Sáenz, quien fue investigado por supuestos actos de corrupción.

Según la Constitución, sólo la autoridad judicial está autorizada para ordenar tal intervención.