Valiéndose de maquinaria, los funcionarios del MEF procedieron a derribar toda estructura existente dentro de unos 217 metros cuadrados, y que consistía en un rancho cerca de la playa, además de una loza todo ello construido en terrenos de la Nación.

Dentro de la vivienda sólo se encontraba el personal de aseo y de vigilancia de la residencia, los cuales evitaron hacer cualquier tipo de comentario o sobre la ubicación de los dueños de la casa.

Edgar Aguilera, jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General de Catastro y Bienes Patrimoniales del MEF, explicó que 10 años atrás, mediante la Resolución número 37 del 9 de agosto de 1994 se había ordenado la demolición de las estructuras construidas en la rivera de mar, sin que gobierno alguno se hubiera interesado en adelantar las gestiones para cumplirla.

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