Carlos Sáenz, administrador del local, dijo que aunque los empleados no firmaron los documentos, los representantes de la empresa fueron al Ministerio de Trabajo a notificar.

Por su parte, Candelario Santana, defensor de los trabajadores, manifestó que la Corte admitió un amparo de garantías constitucional que los protege de toda acción y suspende todo proceso hasta que se revise nuevamente. Ellos insisten en que la huelga era legal.