Mireya Jaén, vocera de la comunidad, explicó que se trata de familias de extrema pobreza, que ocuparon esas tierras en el año 2003, con el apoyo del ex representante, Antolín Arenas, quien les manifestó que el propietario, Félix Ballesteros, estaba de acuerdo.

Según Jaén, el Ministerio de Vivienda sólo les ha manifestado que están negociando con los dueños la posible venta de la tierra, pero el status ilegal que mantienen, les impide acceder a los servicios básicos, luz y agua; además, no tienen título de propiedad ni pueden construir.