Ricardo Vargas, defensor del Pueblo, manifestó que a través de investigaciones se comprobó que los moradores y las personas a cargo de la construcción de la hidroeléctrica tenían que respetar el derecho constitucional de libre movimiento en el territorio nacional.

Además, tenían que participar miembros del MIDES y la ANAM para que el proceso de consulta, indemnización y reubicación, implementado para los moradores afectados, se llevara de la mejor forma y no lo hicieron.

Anteriormente, los moradores que viven cerca del proyecto habían expresado su disconformidad por esta situación.