Gustavo Paredes, comisionado de la CLICAC, fue claro en explicar que la ley 10 de 2005, en la cual se anunció la rebaja en el impuesto del combustible, establece que ésta tendrá incidencia directa en el precio de venta del consumidor y no podrá ser retenida bajo ningún concepto por los agentes de percepción del impuesto.

La ley es sólo una prohibición, pero no dispone que sea la CLICAC o cualquier otro ente el obligado a ejecutar la misma.

Por eso apuntó que lo que ha hecho la entidad a su cargo es hacer las verificaciones en las estaciones de gasolina, para establecer cuáles son los costos a nivel nacional, a fin de estructurar un informe para entregarlo al MICI.