Desde las ventanas del centro penal, los reos ondeaban cartelones, en donde aseguraban estar en huelga de hambre, además de rechazar a la empresa que se ganara la licitación pública para el suministro de alimentos y denunciar la falta de agua potable y el hacinamiento existente dentro del penal.

Algunos reos sacaron sábanas y otros materiales, los cuales enrollaban en varas y les prendían fuego al tiempo que golpeaban los barrotes y paredes.

Javier Justiniani, de la Fundación de Apoyo al Detenido, dijo que la empresa Distribuidora de Alimentos Liz, obtuvo una concesión de parte del Ministerio de Gobierno y Justicia por el orden de 380 mil balboas, lo que permitiría que cada reo obtuviera un plato de comida por el valor de B/. 1.85 diario.

No obstante, al sub contratarse a otra empresa, el costo del plato de comida que se brinda a cada detenido es de B/. 0.95, siendo una comida mal preparada y que está provocando problemas gástricos entre la población penal.

Justiniani dijo, además, que los privados de libertad solicitan que se agilicen las audiencias y se realicen giras médicas al centro penal.

Dentro de la cárcel de La Chorrera, existe una población penal que supera los 600 detenidos por diversos delitos.

La situación de los detenidos en la cárcel de La Chorrera fue denunciada ante la Defensoría del Pueblo, lo que mereció la asistencia de Liborio García al penal, que se reunió por más de dos horas con tres voceros de los detenidos.

El Defensor del Pueblo resumió en tres los problemas del centro penal: alimentación, medicinas y hacinamiento, además de la necesidad de que la custodia de los reos esté a cargo de custodios civiles y no de la Policía Nacional, lo cual dijo hay que resolver con urgencia.

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