"Para hacer las investigaciones es importante tener la información completa, lo malo que en algunas, los casos son demorados. Se pide declaración de delegados electorales, supervisores, inspectores y miembros de la Policía que están en el lugar del hecho", expresó.

Los datos revelan que se dieron 25 quejas por compra de voto, 12 por proselitismo político, ocho por propaganda. Mientras, otras fueron por mesas de votación que abrieron tarde.

En tanto, a los corregidores les corresponde aplicar las sanciones a las personas que violaron la ley seca y a los que portaron armas de fuego en los centros de votación.

Las sanciones por estos delitos van de uno a cuatro años de cárcel y multas de B/25.00 a B/500.00.