Esta iniciativa legislativa busca un efectivo control de las armas de fuego, municiones y explosivos, a fin de evitar la presencia de estos materiales en calidades y volúmenes inapropiados.

El anteproyecto de ley también plantea crear un régimen jurídico que contenga medidas claras y actualizadas para realizar una efectiva fiscalización de la venta y compra de las armas de fuego y las municiones en Panamá. A la vez, pretende frenar la existencia de personas armadas sin las condiciones de aptitud, idoneidad e integridad. Esto incluye ciertas limitaciones especiales para el uso de armas de personas naturales y jurídicas; a las primeras hasta un máximo de tres armas de fuego por persona, mientras que a las segundas podrán autorizarse las que requieran de acuerdo con los servicios que presten.

En lo que va del año, en Panamá se han registrado 288 muertes, todas por el uso de arma de fuego.