Dice que no tiene la culpa. El contralor Alvin Weeden señaló ayer que el secretario general Rafael Zúñiga Brid, fue quien refrendó el convenio entre el FIS y la Junta Comunal de La Palma, en donde se autorizó firmar cheques al representante Sixto Lay y a la tesorera Nicolasa López.
Weeden dijo que "ningún funcionario de la Contraloría firmó cheques en blanco, pero no conoce bien qué fue lo que pasó". Señaló que interpondrá una querella criminal por calumnia e injuria en contra del fiscal electoral Gerardo Solís, que a su juicio falseó las pruebas. Enfatizó que "La Junta Comunal sí existe, y funciona en dos escritorios en Cucunatí".
Los cheques debían ser entregados a unos 281 estudiantes. Además, los fondos se utilizarían en proyectos de ayuda social y comunitaria.
Por su parte, Solís negó esto, insistiendo en que "hay méritos suficientes para una impugnación a la candidata del circuito 5-1, Haydee Milanés de Lay".
En tanto, la legisladora sostuvo que "no hay ninguna fundación a nombre mío, por lo que no me resisto a ser investigada". Aún se desconoce en qué se gastaron los casi 180 mil dólares.
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