Unas 10 familias precaristas fueron desalojadas por funcionarios del MOP, luego de que se verificara el riesgo al que se exponían los hogares ubicados en un barranco y en áreas de servidumbre del proyecto de acceso al segundo puente sobre el canal.
El personal de la entidad, custodiados por unidades de la zona policial de Arraiján, en coordinación con funcionarios del municipio, procedieron a derribar las viviendas improvisadas de hojas de zinc oxidados y madera deteriorada.
El desmantelamiento inició desde las 10 de la mañana, en ausencia de algunos residentes, a pesar que sabían lo que venía.
Sol Angel Díaz, una de las afectadas, reconoció que estaba anuente a deshabitar el área para ocupar el terreno que el Ministerio de Vivienda le había adjudicado.
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