El desalojo fue ejecutado por unidades de la Policía Nacional y el encargado del Departamento de Administración de Justicia, Luis Ferreira, quien aseguró que había advertido a los dueños del local de la acción desde hace más de un mes.

Inicialmente, los productos agrícolas iban a ser decomisados, aunque la medida fue reconsiderada y se permitió a los propietarios de la misma cargar con ellas.

La ubicación de los vendedores de legumbres y verduras ya había generado denuncias por parte de los conductores de taxi y de los propietarios de locales comerciales, e inclusive de los arrendatarios del Mercado Público, quienes consideraban se trataba de una competencia desleal, pues los desalojados no pagan impuestos.