La abogada Julia Aidee, de la sociedad GGCH Investment, explicó que tienen los documentos que los acreditan legalmente como dueños de los terrenos.

Por su parte, Dionisio Ortega, presidente de la Cámara Nacional de Transporte (CANATRA), dijo que todas las rutas respaldaban a los compañeros de Veranillo. En ese sentido, afirmó que si un bus era sacado de la piquera paralizarían el servicio en toda el área metropolitana y para ello contaban con el apoyo de las rutas de Pedregal, Las Mañanitas, Santa Librada, Torrijos-Carter, Pedregal y Tocumen.

Para mediar en el conflicto llegó al área el representante del corregimiento de Belisario Porras, Erick Portocarrero, quien pidió una prórroga para solucionar el problema.

Ante esta petición, transportistas, la Autoridad del Tránsito, Junta Comunal de Belisario Porras y GGCH Investment, dueños del terreno, se reunieron y decidieron dar un plazo de 19 días para hacer un estudio de quiénes son los dueños de la finca.

Culminada la reunión, el concejal Portocarrero manifestó que la Junta Comunal asumirá los gastos de agrimensura. Cuando DIAaDIA le cuestionó por qué la Junta tenía que asumir este gasto, respondió "que los buseros también eran pueblo".

Aseguró que de comprobarse que los terrenos le pertenecen a la empresa, los transportistas saldrán de forma pacífica.

En tanto, Aidee dijo que el plazo se vencerá el 14 de agosto, y de no llegar a un acuerdo procederán al desalojo.