Orobio indicó que "esto constituye un terrorismo judicial, lo que pretende el fiscal es acentuar el temor que ya existe en algunos jueces y magistrados".

Según lo explicó Orobio, la cooperación judicial internacional está reglamentada a través del Convenio de Asistencia Legal Mutua firmado entre Panamá y los Estados Unidos y por la Convención de Viena. El abogado señaló que le preguntó a los magistrados cuál había sido el instrumento jurídico utilizado por el fiscal para iniciar la investigación, y no era ninguno de los dos arriba mencionados.

Manifestó que realizó una investigación de hecho y no de derecho, pues por medio de la nota enviada al procurador José Antonio Sossa, el director de la DEA de los Estados Unidos pretendió solicitar la aprobación de una investigación entre dos Estados con la participación de la unidad de investigaciones financieras en Panamá.