Leandro Ávila, presidente de la Comisión de Trabajo y proponente de esta idea, afirmó que los empleados públicos merecen tener una estabilidad laboral, independientemente del partido político en que estén inscritos.

Ávila resaltó que la revisión de la Ley 20 y de la Carrera Administrativa provocaría un cambio sustantivo en la relación de trabajo con el Estado, ya que entrarían los más idóneos y saldrían los que merecen ser retirados del servicio público.

El documento profundiza en temas como la independencia de la Dirección General de la Carrera Administrativa, seguridad sobre causas y formas de destitución, garantías de reintegro y la aplicación de derechos colectivos de sindicación, negociación, huelgas a los servidores públicos y el derecho a primas de antigüedad, tal como existe en los trabajadores de las empresas privadas.