La procuradora de la administración, Ana Matilde Gómez, en una carta enviada a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional, criticó la discrecionalidad de los administradores provinciales de ingresos de poder seleccionar, como sanción por una defraudación fiscal, multas de entre cinco a diez veces de la suma defraudada o arresto de dos a cinco años. De igual forma, Gómez mostró su desacuerdo en que la Dirección General de Ingresos investigue y sancione, por lo que sugiere la creación de una jurisdicción especializada, conformada por tribunales o juzgados independientes.