Ante esto, el presidente de la Fundación de Apoyo al Detenido, Javier Justiniani, solicitó de manera formal a la Contraloría General que deje sin efecto el contrato suscrito con ALIPRAC.

Esta solicitud se fundamenta en que dicha empresa no ha cumplido con el menú presentado en la licitación, la porción de alimentos es menor a lo establecido y esto no reúne los valores proteínicos, entre otros puntos. Se trató de contactar a Eric Olmos, gerente de la empresa, pero no respondió las llamadas.