En vista de que los solicitantes de refugio no pueden trabajar hasta no tener el estatus de refugiado, el director de la Oficina Nacional para la Atención a Refugiados (ONPAR), David Choy, admitió que en base al Decreto 23 de 10 de febrero de 1998, que trata el tema de refugiados en Panamá, hay vacíos y lagunas.

Choy manifestó que para contrarrestar ese limbo jurídico, el comisionado de Elegibilidad y viceministro de Trabajo, Luis Carles, y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) dieron el aval a esta solicitud humanitaria, pero solo se está a la espera de que se defina si este beneficio sería bajo la figura de una resolución o un decreto. De ser así, los solicitantes de refugio tendrían un permiso laboral por un año.