Se trata de miembros del Sindicato de Buhoneros que se trasladaron hasta la Defensoría del Pueblo, pues están preocupados por los posibles cobros de los nuevos puestos de buhonerías, que forman parte del programa de reordenamiento de la economía informal en la ciudad, pese a que desde el año 2000 están en conversaciones con la Alcaldía de Panamá. Sobre estas inquietudes, Juan García, director de Legal y Justicia de la Alcaldía de Panamá, manifestó que los buhoneros no tendrán que hacer ningún desembolso para adquirir estas estructuras, ya que que solamente se estima el pago de un arrendamiento mensual, el cual será fijado en común acuerdo entre el Alcalde y el sindicato.

Como este acuerdo aún no se ha definido, García reiteró que "es totalmente falsa la cifra que manejan algunos buhoneros, por el alquiler de estas modernas estructuras". En los dos últimos años, la Alcaldía de Panamá ha entregado 250 permisos para ejercer la buhonería. Y aunque se había anunciado que se iniciaría antes del 2006 el reordenamiento en Calidonia, con el tema del referéndum por la ampliación del Canal, todo pasó a segundo plano, dijo una fuente.