Carmen Rosa Villa Quintana, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al referirse a la Ley 30 (también conocida como Ley 177), precisó que es importante que el presidente de la República revise esta normativa, pues "se contradicen los tratados internacionales en materia de derechos humanos y los estándares de los que Panamá hace parte".

Agregó que el miedo que se siente ante la alta criminalidad debe centralizarse en políticas tales como: contar con un Órgano Judicial independiente e imparcial; fortalecer al Ministerio Público para que haga toda su tarea de investigación; tener un sistema penitenciario que realmente lleve a las personas a resocializarse y reintegrase.

"Hay que mirar ese problema de la seguridad ciudadana no como un problema de los policías, es un aspecto que debe cubrirse de manera interinstitucional", expresó.

Para el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, esta nueva ley envía mensajes no muy claros en materia de Derechos Humanos.

Vargas manifiesta que el Estado no sólo debe adoptar acuerdos en Derechos Internacionales, sino también tiene que cumplirlos. Criticó que el tema de los policías era para estimularlos, pero no cumple con ese propósito.

Por su parte, la ministra de Gobierno, Roxana Méndez, agregó que esta ley trata de fortalecer la Policía Nacional y no será impunidad para esta entidad.