La medida se adoptó mientras existe un litigio entre los pescadores artesanales y la Inmobiliaria La Ensenada, que alega la pertenencia de una franja de playa, dentro de cuyos límites se encuentra el área de trabajo de los pescadores.

En el sitio existe además una residencia y el edificio en donde un ciudadano asiático comercializa el pescado que es vendido por los pescadores; además de una estructura propiedad del Municipio de San Carlos y una calle.