Después del desalojo del lunes, en el que unas 80 familias quedaron sin hogar por invadir terrenos que son propiedad del Ministerio de Vivienda (MIVI), ayer, los residentes tuvieron una reunión con la Defensoría del Pueblo para encontrar una solución.

Virginia Pérez, dirigente comunitaria, explicó que esperan que por medio de la Defensoría, el MIVI les ceda los terrenos o les reubique en otro lugar, de lo contrario, seguirán luchando por quedarse allí.

En tanto, Gabriel Diez, titular de Vivienda, advirtió que no permitirán invasiones hasta que se garantice que no sean áreas inundables. Además, harán evaluaciones socioeconómicas.