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Joyce Baloyes | DIAaDIA |
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¡Quieren fecha de pago! Los servidores públicos que fueron destituidos con la Ley 25 de 1990, se apostaron frente al Ministerio de Economía y Finanzas para que el titular establezca la forma y fecha en que les entregarán los B/. 20 millones que el Gobierno ha decidido pagarles, en concepto de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El fallo obliga al Estado panameño a pagar salarios caídos, indemnizaciones y el reintegro de las víctimas de la Ley 25 (dirigentes del IRHE, INTEL, Puertos, Cemento Bayano, IDAAN, Educación y MOP, que fueron destituidos por oponerse a las privatizaciones). La Corte se reunirá a finales de septiembre para evaluar dicho pago. Aunque su propuesta es de B/. 55 millones, por medio de una nota del 14 de agosto, los dirigentes fueron notificados del pago, pero sólo de B/. 20 millones bajo ciertos parámetros. Manrique Mejía, vocero, dijo que quieren conocer esos parámetros. El 21 de agosto solicitaron una reunión con el ministro Carlos Vallarino, sin tener respuesta. Al llegar al ministerio, les cerraron las puertas. Minutos después del piqueteo, la secretaria general de la institución los atendió y les comunicó que el viernes les darán la fecha para que el ministro los atienda.
CUANTOS
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