Luis López, dirigente del frente de educadores, explicó que para poder hacer los ajustes a la ley de retiro anticipado es necesario que la Caja de Seguro Social entregue el informe actuarial que exige la Ley del PRAA, cada dos años.

Según López, en el Banco Nacional existen más de 125 millones de dólares acumulados, producto del programa, y el gremio está convencido de que con este dinero se les puede ofrecer beneficios a los educadores.

López aseguró que esta actividad no interferirá con el desenvolvimiento normal de la clases, ya que la invitación es para los educadores que laboran en la mañana.

También dijo que no se está hablando de suspensiones de clases, ya que van de menos a más, para que la Caja cumpla con el requisito para poder reformar la Ley del PRAA.