El informe señala que la población penitenciaria ha presentado un incremento de 9.23% anual en los últimos 14 años, la más alta de América Latina. Entre los derechos humanos más violados dentro de los penales están los tratos crueles, abusos policiales, altos índices de hacinamiento y la mora judicial en los procesos.

Además, hay deficiencia en los servicios de salud y falta de medicamentos, sobre todo a mujeres embarazadas y otras personas con enfermedades contagiosas. Han recibido 41 quejas contra las unidades policiales, hay 13 mujeres en estado de gravidez y 86 reos infectados con VIH-SIDA. El defensor del pueblo, Juan Antonio Tejada, dijo: "Hay que permitir a los privados de libertad, reintegrarse a la sociedad".