Cabe precisar que a las personas que se les niega el permiso es porque las armas están reportadas como robadas o usadas para delitos. Esta acción hizo que se le abriera una investigación a las personas que solicitaban el permiso por tener en su poder armas ilícitas.

Prado informó que un ex funcionario de la PTJ, que se dedicaba a tramitar algunos documentos para dar permisos de arma, lo hacía de forma ilícita.

Esto se descubrió luego que se revisara la computadora que el funcionario utilizaba para hacer el trámite y se viera que tenía varias imágenes escaneadas de sellos y volantes del Banco Nacional y membrete de clínicas privadas.