La comunidad quiere que se eviten situaciones que lamentar, como las sucedidas en noviembre de 2004, cuando la apertura de las compuertas de la hidroeléctrica causó inundaciones y pérdidas en los cultivos de los productores.

En la reunión, donde participó la Defensoría del Pueblo, SINAPROC y el MIVI, se acordó que para las próximas conversaciones, cada una de las autoridades allí presentes exponga sus propuestas en cuanto a lo que consideran debe modificarse dentro del protocolo de vertimiento de aguas.

Además, los residentes de ambas comunidades quieren que sea ETESA a quien se le devuelva la facultad para abrir las compuertas de la hidroeléctrica, cuando haya situaciones de emergencia. Mónica Guillén, delegada defensorial de Servicios Públicos Privatizados, hizo la petición al Ente Regulador de los Servicios Públicos a nombre de la comunidad.