Se trata de una servidumbre pública, ubicada en Sea Cliff y que desde hace más de tres años está en litigio entre la comunidad y el empresario Richard Cruset, quien asegura que la entrada a la playa está en sus terrenos.

Los residentes no actuaron solos, sino que fueron acompañados por la Policía y el alcalde encargado de Antón, Héctor Tuñón, que explicó que la cerca es ilegal, por lo que había que derribarla una vez más.