La procuradora Ana Matilde Gómez comunicó que les corresponderá a los diputados de la Asamblea Nacional determinar cuál será la base jurídica por la que va a regir la Ley 52 que divide a la Policía Técnica Judicial en dos entidades: el Organismo de Investigación Criminal y la Dirección de Investigación Judicial.

En diciembre es el tiempo límite para discutir la reforma de la entidad y cuando se vence el nombramiento de José Ayú Prado, su director.

Gómez dijo que está esperando que se dé una convocatoria para que el Ministerio Público pueda hacer sus aportes. La nueva institución servirá de soporte al Ministerio Público.