Según la ecologista Raisa Banfield, del Centro de Incidencias Ambientales (CIAM), la minería en ninguna parte del mundo ha resuelto el problema de la pobreza. Comentó que no son la mayoría de los cañaceños los que quieren reactivar la mina, sino el grupo de ex trabajadores.

La ecologista admitió que no es que la minería no se debe desarrollar, sino que Panamá no reúne las condiciones ambientales para ello. Además, es preocupante la debilidad institucional para fiscalizar los daños, ejecutar acciones o tomar correctivos sobre esas empresas.

Estimó que existen más de 300 concesiones otorgadas, unas por contratos y otras en estudio, lo que suma dos millones 500 mil hectáreas que pudieran ser devastadas por la minería. Enfatizó que todo este panorama se basa en el Código Minero de Panamá, que data de 1940 y no está actualizado con el problema ambiental mundial y local.