Funcionarios del Ministerio de Vivienda (MIVI) visitaron ayer a los precaristas, aunque se limitaron a indicarles que su permanencia en el área debía ser objeto de negociación con la ANAM.

Posteriormente, unidades de la Policía y de la ANAM llegaron al área para solicitar a las familias que accedieran a salir voluntariamente de las tierras.

Leidis Palacios, administradora encargada de la ANAM en Panamá Oeste, advirtió a las familias que podrían ser encausadas por la comisión de delitos ambientales al estar talando y quemando en áreas protegidas.

Mencionó que la orden de desalojo se postergará hasta tanto se comparen las coordenadas geográficas del área que ocupan las familias.