Expresó que la función de su entidad no es buscar una alternativa de vivienda a los que viven en lugares condenados, pues ellos deben hacer una evaluación económica para determinar qué opción tienen las personas, porque hay sitios condenados en que los inquilinos tienen facilidades para pagar una renta. Y es que hay casos, como uno ocurrido en Colón, donde una persona que vivía en una casa condenada ganaba B/7.00 la hora.

"No es función del Estado buscarle alternativa de vivienda a una persona que gana B/.7.00 la hora. Eso es ofensivo contra la gente pobre", dijo Batista, quien agregó que "los casos son variados, nosotros ayudamos a las personas que no tienen recursos y que necesitan que le ofrezcan una alternativa de vivienda".