Son varios los derechos que actualmente se violan en los centros de cumplimiento, sobre todo en los de Panamá, donde a criterio de Marina Pérez, oficial de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, se reciben más denuncias. El derecho a la educación es uno de ellos, puesto que no existen programas de resocialización constantes, también el derecho a la alimentación, ya que se han recibido denuncias de que al día comen hasta tres veces lo mismo, el derecho a la seguridad (no hay puertas de emergencia) y a actividades recreativas, lo que según la experta sólo provoca a la maldad. "Los jóvenes solo piensan que no tienen más nada que hacer, solo maldad", dijo Pérez.
La Defensoría colocó un buzón de denuncias en los centros, al que solo tiene acceso la institución. Se conoció que han recibido comentarios por parte de algunos jóvenes que prefieren no introducir ningún papel por miedo a represalias.
Frente a estas irregularidades, Pérez puntualizó que se elaboró un "Reglamento modelo", que incluso es decreto y explica cómo debe ser un centro de cumplimiento en cuanto al tema educativo, alimentación y hasta familiar.
La Ley 40 de 1999 sobre Responsabilidad Penal de la Adolescencia ha sido modificada en seis ocasiones, la última vez se bajó la edad de entrada a estos centros de 14 a 12 años, para los menores que infrinjan la ley, y según el "Reglamento modelo", la edad de salida de estos centros es a los 18, pero eso no se cumple.
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