Algunas de las iniciativas prohíben a todo servidor público con mando y jurisdicción, salvo los previstos en el artículo 33 de la Constitución, imponer sanciones pecuniarias privativas de la libertad a quienes considere le falten el respeto en el ejercicio de sus funciones. El proyecto también establece que todo individuo que se crea ofendido por alguna publicación hecha en un medio de comunicación tendrá derecho a que se publiquen las réplicas que estime necesarias dentro de un término no mayor de 24 horas y no más extensa que lo publicado.