Según Florentino Chirú, de la Coordinadora Campesina Contra los Embalses, la Ley 44 del 31 de agosto de 1999 debió eliminarse antes de iniciar los estudios sobre el proyecto de la expansión de la ruta interoceánica. Esta ley consiste en más de 200 mil hectáreas que se le conceden a la Autoridad del Canal, para la construcción de hidroeléctricas en Río Indio y Coclé del Norte.
Esta situación tiene alarmada a la comunidad campesina, pues existe la posibilidad de que a largo plazo se extraigan las aguas de los ríos para la función del Canal. Ante este temor, el Gobierno anunció que derogará la Ley 44 a través de un proyecto de ley que se enviará a la Asamblea Nacional de Diputados.
Sin embargo, para la Coordinadora, algunas versiones de la ACP son una campaña de confusión, que quiere hacer ver a la ciudadanía que la ampliación del Canal de Panamá es imprescindible.
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