El denunciante se queja de que Sánchez y Javier Justiniani, de la Fundación para Apoyo al Detenido, le atribuyeron supuestas irregularidades en el contrato de suministro de comida para la cárcel Pública de La Chorrera.

La distribuidora Vicech era la que antes prestaba el servicio en La Chorrera, pero su contrato terminó el 31 de diciembre de 2005. Por su parte, Justiniani señaló que el pasado 28 de abril recibió una carta de los internos chorreranos, quejándose de la comida. Reiteró que "hay algunas cosas incoherentes en la forma que se dio la concesión", alegando que el suministro de alimentos los hace Fonda La Macaqueña.