Sin embargo, los delincuentes se sienten más confiados de su libertad y poco temen a la justicia. Al parecer, la formalidad del proceso les está dando ventajas. ¿Dónde radica el problema? Si prácticamente ya están dentro, ¿por qué los dejan escapar?

Aparentemente, el sistema no es totalmente infalible. Una grieta en el muro de la justicia, está dejando escapar a personas que parecen inofensivas, pero que luego se convierten en los protagonistas de los delitos más atroces y sorprendentes.

DIAaDIA conversó con Grisel Mojica, secretaria de Asuntos Legales de la Procuraduría General de la Nación, y ésta reconoció que las razones por las que muchos casos no proceden, es por el incumplimiento de las formalidades del proceso.

VICIOS EN EL PROCESO
La obtención de pruebas ilícitas, la falta de evidencias y el violentar la presunción de inocencia de una persona, son algunos de los errores cometidos por los organismos de seguridad. "Si, por ejemplo, la Policía da persecución a un sospechoso y éste se mete en una residencia, las unidades deben proceder mediante una orden de allanamiento, la cual requiere de la presencia de una autoridad, como un fiscal o corregidor", explicó la funcionaria. Por la urgencia de los operativos, el policía opta por entrar con permiso verbal del dueño de la casa; sin embargo, esto podría volverse un arma de doble filo para las autoridades, si al momento de las indagaciones, la persona se retracta de haber otorgado este permiso. La detención pasa a ser considerada como ilícita.

Esto sólo es una muestra, muchas otras situaciones favorecen más a las personas que incurren en delitos, que a las autoridades para hacer valer los derechos de protección a la ciudadanía. Otro error común es la contaminación de evidencias o la falta de pruebas contundentes, que muchas veces sucede por descuido o desconocimiento de los responsables de las investigaciones o de los curiosos. Rolando Mirones, director de la Policía Nacional, reconoció que aunque actualmente hay deficiencias en el sistema, se está trabajando en conjunto con la Procuraduría General de la Nación, la PTJ y el resto de los organismos de seguridad estatal, para lograr un mejor puente de comunicación.

DELITOS VS. LEYES
Parte de esta comunicación, según explicó Mirones, tiene mucho que ver con los delitos que son considerados como menores, pero tras los que pueden esconderse situaciones más graves. Ejemplo de ello, es la portación ilegal de armas, que con los cambios realizados al Código Penal ahora es considerada como un delito, pero aún se mantiene la idea contraria. "No es lo mismo decomisarle un arma a una persona que no tiene antecedentes penales, a decomisar una 9mm o una AK-47 a una persona con antecedentes de pandillerismo o casos de delitos", expresó el jefe de la Policía.

Según Mirones, que a veces estos casos no procedan, se debe a un problema de cultura tanto en los funcionarios como en la ciudadanía. "En muchas ocasiones, se utiliza la filosofía de que no debemos llenar las cárceles de personas que realmente no han cometido un delito grave", aseguró el funcionario.

LEYES FLEXIBLES
Sobre este tema, Víctor Orobio, abogado penalista, dijo que lo primero que hay que hacer es ver por qué delito la persona ha sido detenida. Explicó, además, que dentro de los Artículos 40 y 52 de nuestro Código Judicial, queda establecido que las personas quedarán privadas de libertad, únicamente, cuando el delito por el cual se les investiga o se les ha detenido, tiene una pena cuyo mínimo es superior a dos años. "Cualquier persona que la Policía capture por posesión ilegal de armas, inmediatamente llegue a Fiscalía, ésta le dará libertad porque debe cumplir con la ley. Aquí es donde se crea la gran confusión que ni el director de la PTJ, ni el de la Policía, tienen voluntad de aclarar esa situación, sino que quieren quedar bien diciendo: nosotros atrapamos a los delincuentes y los fiscales los sueltan", señaló el jurista.

¿PROTECCION AL MENOR O INFRACTOR?
Cada vez son más los menores participantes en actos delictivos. Se han creado legislaciones especiales para ellos; sin embargo, en la mayoría de los casos esto ha significado impunidad.

En este punto, Mirones hizo alusión a un reciente caso, donde dos menores asaltaron una abarrotería e intentaron matar a su dependiente: "nosotros los agarramos, los llevamos ante las autoridades, que los dejan libres. Los menores regresan a la misma abarrotería, casi matan a otro de los dueños, pero esta vez mueren los dos menores. Quienes los soltaron no sólo crearon un peligro para la sociedad, sino para los mismos menores".

Orobio explicó que, en efecto, los menores tienen un procedimiento mucho más garantizado que el de los adultos, en el sentido de que se les provee mayor oportunidad de defensa y libertad. Igualmente, añadió que los adultos también cuentan con recursos de libertad, como las fianzas de excarcelación, por lo que los detenidos salen en una semana o quince días. Pero aseguró que no es que se está trabajando en contra de los estamentos de seguridad, "simple y sencillamente nuestros procedimientos permiten esta vía de solución".

LA UNION HACE LA FUERZA
Al parecer, la política criminal no está siendo cónsona con la realidad de los hechos punibles, y ya se hace necesaria una revisión de las leyes. Mientras la Policía asegura la necesidad de un mayor intercambio de información entre autoridades operativas y judiciales, sobre la clase de personas que están recibiendo y bajo qué circunstancias, de manera que ellos puedan hacer la diferencia entre delitos y posible comisión de delitos más graves que otros, la formalidad del proceso y las leyes están dando ventaja a los delincuentes.

PARA DELINQUIR

• Según informes policiales, la mayoría de las armas decomisadas, han sido utilizadas para la comisión de un delito.

• Durante la aplicación de las leyes, casi todos los menores infractores de 14 años o menos quedan impunes.

• Una limitante de autoridades operativas y judiciales, es la ausencia de denuncias por la ciudadanía.

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