Después de 18 años de lucha, cada vez más se acercan al dinero que les corresponde. Ayer, de los 160 trabajadores víctimas de la Ley 25 de 1990, que fueron destituidos por el presidente Guillermo Endara y que han seguido su proceso, se reportaron 91 al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) para establecer los finiquitos. En total fueron 270 víctimas, pero algunos han fallecido y otros brillan por su ausencia.
Entre los asistentes sólo hubo seis personas que no estuvieron de acuerdo con la cifra estipulada. Sin embargo, el resto tiene hasta hoy, a las 2: 00 p.m., para hacer los trámites necesarios en la sede de la entidad.
El titular de Trabajo, Edwin Salamín, manifestó que al obtener las dos terceras partes de las firmas de los finiquitos o la totalidad de estas, se enviarán los documentos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su aprobación. De resultar así, entonces el Estado panameño solicitará un crédito extraordinario de 6.9 millones de dólares y pagará probablemente en septiembre.
Posteriormente, se harán pagos escalonados hasta el 2011, para cubrir los 21.9 millones de dólares entre todas las víctimas.
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