En el primer proceso judicial se le acusó de haber arrojado a su bebé recién nacido dentro de la letrina de su residencia, y la segunda vez (el nuevo caso que se le seguía) fue por haber enterrado un feto de aproximadamente 8 meses de gestación. En este último, la Fiscalía del Menor y el Adolescente ha solicitado su sobreseimiento provisional. En este nuevo proceso que se inició 20 días después de la anulación del anterior, las evaluaciones médico legales junto con otras diligencias indicaron que se trató de un aborto incompleto y no se pudo determinar la causa de la muerte del feto.