José Enríquez, fiscal primero superior, explicó que se trata de una medida que tomó la Procuraduría General de la Nación y es parte de lo que se estipula en el Código Judicial que señala que todo funcionario que entra al Ministerio Público tiene que ser sometido a una prueba antidoping.

Indicó que lo más viable era que a los jefes de despacho fueran los primeros a quienes se les aplicara esta prueba y luego a los funcionarios que laboran en la institución.