Javier Justiniani, quien preside esta organización, precisó que esto obedece al modelo centralizado, que no es más que donde las autoridades envían a personas con sanciones administrativas de 365 días de pena o menos a las cárceles. Lo anterior es una falla que incurren las corregidurías, la Dirección de Migración, Aduanas, Ministerio Público y el Órgano Judicial, por lo que sugirió la aplicación de un modelo de responsabilidad compartida, en el que cada entidad debe contar con cárceles administrativas y referir a los penales los que estén sancionados por homicidios u otras penas mayores, pues hay 750 reos en prisión y sin condena.