En febrero pasado, se dio un derrame de petróleo de la Petroterminal de Panamá, que provocó un impacto ecológico y social en Chiriquí Grande, en Bocas del Toro. Por tal motivo, Calixto Malcom, Juez del Primer Tribunal Marítimo de Panamá, ordenó el secuestro de todo el petróleo crudo en las Terminales Atlántico y Pacífico, lo que provocó la paralización de todas las actividades de la Petroterminal.

Representantes de la empresa recalcaron su preocupación ante el impacto que pueda tener esta medida en la economía de Chiriquí y Bocas del Toro, zonas del país, que desde que se dio el derrame se han visto afectadas de una u otra manera.

En cuanto a los daños al medio ambiente, Petroterminal de Panamá también mencionó que no han escatimado recursos, ni esfuerzos para solventar el daño al ecosistema, por lo que han aplicado monitoreos y han tratado paliar los efectos en ciertas áreas.

Mientras, Domingo Latorraca, presidente de la Cámara de Comercio, acotó que el 49% de la acciones de Petroterminal son del Estado, que también resulta afectado con la medida.