José Ayú Prado, director de la PTJ, explicó que se trata de armas que utiliza esta entidad para sus operativos y otras que son decomisadas en operativos de drogas, que deben ser examinadas y mantenidas en custodia del Órgano Judicial o del Ministerio Público.

Advirtió que no se descarta la posibilidad de estudiar cualquier proposición sobre el almacenamiento del armamento de evidencia, puesto que hay que mantener la cadena de custodia y evitar su contaminación.