El Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá lo sentenció luego de que un informe especial de Auditoría Judicial No.004-2001

D.A.I demostrara que 123 expedientes estaban en el archivador sin la entrada de registro y no se incluían en la relación mensual.

En la auditoría realizada del 4 de enero de 1999 al 29 de diciembre del 2000, también se detectó que a los expedientes les faltaba la firma de la secretaria en algunos trámites de embargo y que decretó embargo en varios expedientes que superaban la cuantía de demandas correspondientes a la competencia de los jueces municipales.

Previamente, el Tribunal colegiado negó la apelación de su condena. Mojica infringió con el artículo 336 del Código Penal.