Ambos operaban desde Estados Unidos en delitos cuya suma podría ascender al millón de dólares en perjuicio de cuatro empresarios panameños y un colombiano. Estos estafadores le proponían a los empresarios invertir cierta cantidad de dinero a través de un giro bancario a Estados Unidos, cuyo destino en esa nación era una supuesta firma de abogados.

En el bufete presuntamente reposaban los contratos mediante los cuales se le ofrecía a los comerciantes, préstamos que oscilaban entre 300 y 200 millones de dólares, transacción que no se llegó a concretar.