"La mayoría de las personas que gozaron de este documento de identidad de forma ilegal, son de nacionalidad asiática y el resto son personas suramericanas", aseguró.

"Las resoluciones existentes fueron alteradas, le cambiaban el nombre al beneficiario y los datos generales; además, se colocaba un sello que autenticaba el documento", explicó el funcionario.

Ante esta irregularidad, Vargas se presentó ayer a la Procuraduría General de la Nación para presentar una denuncia contra los funcionarios de la Dirección de Migración que laboraron durante ese período.