Clare Kaman Roberts, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, (CIDH) se comprometió ayer en Washington con un grupo de panameños, a luchar para que en Panamá se alcance una real libertad de expresión, aceptando el hecho de que actualmente no se vive un clima adecuado para el libre ejercicio del periodismo en el país, ni hay libre acceso a la información.

Roberts, quien es originario de Barbados, al final de la audiencia que la CIDH concedió a este diario y a un grupo de panameños comprometidos con el tema de la libertad de expresión y el acceso a la información, dijo: "Pueden estar seguros de que la Comisión les apoyará y tratará de alcanzar la real libertad de expresión en Panamá".

Las palabras del comisionado Roberts surgen mientras el Estado mantiene a varios periodistas procesados penalmente, y los querellantes son funcionarios públicos que se sienten ofendidos por las noticias publicadas.

CASO EN PANAMA
Uno de estos casos expuestos ayer ante la CIDH, es el del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Winston Spadafora, quien mantiene una demanda de dos millones de dólares en contra del diario Panamá América y los periodistas Jean Marcel Chéry y Gustavo Aparicio, quienes publicaron para el rotativo la historia sobre la construcción con fondos públicos de una carretera que conducía casi, exclusivamente, a la finca de descanso del magistrado, cuando fungía como ministro de Gobierno y Justicia.

Durante la audiencia, en la que también participaron el Comisionado encargado de los temas panameños, el venezolano Freddy Gutiérrez; la abogada de la CIDH que lleva los casos de Panamá, Cristina Sierra; y el Relator para la Libertad de Expresión de la OEA, Eduardo Bertoni, se destacó el hecho de que existan dos fiscalías especializadas para el tema de calumnia e injuria en Panamá, tantas como las dedicadas a los delitos de drogas y a los de corrupción, y que los indultos sean utilizados como parte del mecanismo de represión a la libertad de expresión, pues al liberar a los periodistas se mantiene el status quo, y no se derogan las leyes restrictivas.

DELEGACION
La delegación panameña estuvo integrada por Octavio Amat, director del Panamá América, quien habló del acoso judicial contra periodistas; Guido Rodríguez, Delegado Especial de la Defensoría del Pueblo para la libertad de expresión; Miguel Antonio Bernal, catedrático y luchador por la defensa de los derechos humanos en el país; el panameño Luis Manuel Botello, director para Latinoamérica del Centro Internacional de Periodistas, con sede en Washington; y Jean Marcel Chéry, reportero del diario La Prensa y actualmente víctima del sistema judicial istmeño.

PETICIONES
Esta delegación hizo cuatro pedidos específicos a la CIDH: primero, que el Relator para la Libertad de Expresión de la OEA intervenga directamente en la defensa de los periodistas que sufren acoso judicial en Panamá; segundo, que el Relator emita un comunicado en el que exponga su preocupación por el acoso a las libertades en el país; tres, que la Comisión, en su comunicado al final de las audiencias que se realizan esta y la otra semana, se pronuncie sobre las anomalías en Panamá en materia de libertad de expresión; y, cuatro, que los comisionados en pleno gestionen una "visita in loco", es decir, que viajen a tierra istmeña para que constaten por sí mismos lo que está ocurriendo.

El Presidente de la CIDH, C.K. Roberts, aceptó como buenas estas peticiones y le prometió a los panameños acciones concretas para hacer que cambien las cosas en Panamá.

VIGILANTES
Roberts aseguró que el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Eduardo Bertoni, seguirá vigilante de lo que ocurre en el país.