Semanas atrás en el premio Ricardo Miró, la más prestigiosa institución en el campo literario que tiene la República de Panamá, se dio otra bochornosa situación. El Miró consta de cinco secciones. Uno de los fallos fue dado de mala gana, otro declarado desierto y un tercero fue impugnado.

Con respecto a los dos primeros, fallos antagónicos y que aún así se aplauden entre sí, me pregunto: ¿por qué premiar una obra en la que no se cree? Pareciera que fuese más honesto declarar desierto, que premiar y luego desconfiar de la obra laureada. Sin embargo, declarar desierto, ¿no es la estrategia de siempre: protestar por todo para que nada cambie? ¿Hay seguimiento a esta acción?

Del fallo impugnado, tengo entendido que se tomó tal determinación por incumplimiento de las bases del concurso y que al respecto, mucho antes de los acontecimientos, hubo una consulta verbal de la parte afectada. ¿Cuándo los ciudadanos panameños vamos a entender que toda consulta con el Estado debe hacerse por escrito y que debemos exigir que se nos conteste de igual manera?

También es llamativo que, siendo las bases del concurso bastante claras, el Instituto Nacional de Cultura no haya decidido actuar hasta el tercer día. ¿Qué? ¿Estaban esperando a ver quién lanzaba la mayor amenaza? ¿Apostando la honra del concurso y de los poetas participantes en un juego de pulsos y muñequeos? ¿Qué esperaba asesoría legal del INAC para actuar rápidamente e impedir que este caso se convirtiese en un escándalo de primera plana? ¿La señal de alguien para hacer cumplir la ley? O sea, que si la señal hubiese sido otra, ¿no se cumplen las bases del concurso?