No se da por vencida. Ante la mirada de los transportistas, el Juzgado Decimocuarto Civil realizó ayer un allanamiento en la Piquera de Pedregal a solicitud de Nilsa Hernández.
Hernández, propietaria del certificado de operación 2776, reclama a la Corporación Progresista de Transporte de Pedregal, 100 mil dólares, en concepto de indemnización, puesto que nunca le permitió operar en la terminal pedregaleña.
Las puertas del lugar fueron abiertas a punta de martillos, ante la presencia de agentes de la Policía Nacional, agentes de Instrucción y los abogados de la parte demandante. En tanto, la diligencia se realizó sin la presencia de Dionel Broce, presidente de la corporación.
En enero, la corporación recibió una orden de secuestro que no se hizo efectiva. En aquella ocasión Broce dijo confiado que el intento de secuestro no procede, porque están demandando a la corporación y ellos se presentan a la terminal, donde están las oficinas de la Asociación Unión de Transportista de Pedregal, de la que él también es presidente.
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